La imposición de penas de prisión sin un enfoque centrado en la reinserción social puede acabar favoreciendo las conductas delictivas que se quieren prevenir, además de atentar contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La excesiva inclinación hacia el castigo alimenta círculos viciosos de crimen y violencia que atentan contra la seguridad pública.
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