El nuevo proyecto, a diferencia del anterior, reconoce y genera mayor certeza jurídica en cuanto a derechos de propiedad se refiere. Esto no garantiza, sin embargo, que el uso de estos derechos (explotación, intercambio, etc.) resulte eficiente y equitativo. Esto último dependerá de un diseño adecuado del marco institucional y regulatorio futuro.
Los impuestos en la propuesta de constitución actual es un tema muy comentado y controversial, todo esto es debido a la incapacidad (de algunos sectores políticos) de abstenerse de crear o eximir de impuestos a un grupo específico. Las constituciones deben entregar las características y principios de los tributos para que el legislador en el congreso pueda tener una base y legislar sobre el tema.
Se desaprovechó una oportunidad para enmarcar el Derecho a Huelga de acuerdo a los estándares internacionales, dejando espacio para que la legislación estableciera los mecanismos y restricciones pertinentes. Elevar a rango constitucional el actual Código del Trabajo, en lo que respecta al Derecho a Huelga, desconoce la evidencia disponible y la realidad laboral.
La nueva propuesta se hace cargo estableciendo la creación de una agencia nacional contra la corrupción, que coordinará la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas. Aunque la propuesta no determina la composición, organización y demás funciones y atribuciones de esta agencia, bajo mi punto de vista la lectura es muy clara: ya no se busca fortalecer el rol fiscalizador del ciudadano común, sino que todo queda entre las cuatro paredes de la administración del Estado.
La Tasa de Suicidio de Personas a nivel nacional muestra un descenso, significativo para el año 2020 en Mujeres, y no significativo para hombres en el mismo período. Cuando estos datos se observan por regiones, muestran una fuerte oscilación en el descenso, lo que nos puede alertar de un proceso que aún no está en control para su estabilización. Esto indica que la población en riesgo de suicidio aún puede ser alta.
La imposición de penas de prisión sin un enfoque centrado en la reinserción social puede acabar favoreciendo las conductas delictivas que se quieren prevenir, además de atentar contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La excesiva inclinación hacia el castigo alimenta círculos viciosos de crimen y violencia que atentan contra la seguridad pública.
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