Por: Jorge Rodríguez Grossi, M.A. en Economía, Boston University, EE.UU. Académico FEN- UAH.
Publicado en revista Observatorio Económico Especial Octubre, 2020
El violento ataque y saqueo que recibieron el Metro y diversas propiedades privadas y públicas en las principales ciudades de Chile hace un año atrás, más la pandemia que nos afecta desde marzo, son los factores que tienen a la economía con fuerte retroceso del PIB, del empleo y de los ingresos de personas y empresas. Resolver este descalabro es tarea difícil: no lo hicimos bien con la violencia. Y la desconocida pandemia, sin vacuna disponible, es un gran dolor de cabeza. Para agregar más complejidad, en octubre se inicia un proceso de reforma constitucional cuyas reglas generan un grado de incertidumbre tal para el funcionamiento de la economía, que amenaza con paralizar buena parte de las inversiones que habrían tenido lugar en forma natural bajo otro escenario. Este año, se estima, serán 15% menores que en 2019.
Es sabido que desde mediados de octubre pasado la economía de Chile empeoró en forma grave: el producto, la cantidad de empleos y, sin dudas, la pobreza de ingresos, deterioraron dramáticamente el bienestar del país. La violencia, primero, y después la pandemia, se sumaron para conseguir esta calamidad social.
Cuando ya se había transformado en una costumbre hablar de economía a partir de la mantención de los equilibrios macroeconómicos, fue sorpresivo constatar cómo se afecta el sistema económico por crisis sociales, políticas y sanitarias. ¡Cuán entrelazada está la economía con los otros subsistemas sociales! En la academia, para observar las reacciones puramente económicas, aislamos el sistema económico de su entorno el que pasa a ser constante (ceteris paribus). Y dentro de ese entorno teóricamente paralizado, están las instituciones que definen las reglas del juego: normas constitucionales, leyes, reglamentos, derechos y deberes.
Enfrentamos hoy un problema de gran complejidad: cómo salir de una crisis económica con eventuales rebrotes de violencia y de pandemia, y, además, con un proceso de cambio constitucional plagado de incertidumbres. ¿Por qué? Pues, porque a diferencia de un proceso de reforma constitucional, donde se sabe qué se quiere cambiar, en éste se quiere refundar la institucionalidad de la sociedad bajo una regla que exige 2/3 de apoyo para incorporar un texto y que, en el caso que esa mayoría no se logre, nada queda escrito. Tan incierto es el panorama que algunos expertos dicen que la materia en cuestión se puede resolver luego, por mayoría simple en el Congreso, mientras otros lo rebaten señalando que hay historia constitucional, o sea, que habría una especie de jurisprudencia. Además, no faltan quienes tratan de tranquilizar señalando que se debe confiar en la madurez de los que serán electos para la asamblea o convención constituyente. Es decir, la incertidumbre propiamente tal.
Las decisiones de inversión se basan en análisis de rentabilidad probable de los proyectos la cual está determinada por estimaciones de oferta y demanda del producto, por factibilidad productiva, y por la seguridad de que el proyecto se lleve a cabo en determinadas condiciones de riesgo físico y legal. Por ello, mientras dure la incertidumbre constitucional, es posible prever que se detendrán muchas inversiones: cómo arriesgar capital si se desconocen las reglas del juego que prevalecerán.
Cualquiera sabe que para recuperar la modesta performance de la economía que llevábamos antes de octubre de 2019, necesitamos restaurar o reconstruir los negocios afectados por la violencia y saqueos de entonces (comercio detallista, hoteles, restoranes y fuentes de soda, supermercados, transporte público). Y que si, además, queremos acelerar el crecimiento para aumentar el empleo y la participación laboral perdida principalmente por culpa de la pandemia, obligadamente requerimos mucha inversión productiva que no la va a llevar a cabo el Estado.
¿Por qué? El Estado está ocupando rápidamente su capacidad de endeudamiento para sufragar gasto social de emergencia. Chile es un buen deudor en el mercado financiero, pero mientras más deuda asuma su atractivo será cada vez más examinado. Además, porque los ingresos tributarios han caído fuertemente (16.1%), debido a la disminución del PIB. El Gasto Público subirá a 28.7% del PIB este año, con menores aportes tributarios y más necesidades sociales. Esa tendencia no es ilimitada.
En consecuencia, y dado que la sociedad chilena no parece aspirar a sustituir al sector privado por el Estado en su rol inversor (además, ¿con qué dinero?), la recuperación y aceleración de nuestra economía está dependiendo de nuestra capacidad de aumentar la Inversión privada, de recuperar lo destruido, de dar rápidamente señales macizas respecto del orden económico que se impondrá en la Convención Constitucional, y de terminar con la pandemia. No cabe dudas que se trata de un listado de exigencias, algunas muy fuera de nuestro control -como es la pandemia-, y otras en que algo o mucho podemos hacer.
En cuanto a lo económico, si seriamente pretendemos volver a entusiasmar a los inversionistas con Chile, no queda más que buscar garantizar –desde el inicio del proceso de Nueva Constitución–, que la economía chilena será inequívocamente del estilo de las de Europa occidental, con claro respeto a la propiedad, a la estabilidad de las reglas del juego, con mercados eficientes, con regulación pro competencia, y también socialmente solidaria, inclusiva y pro meritocracia. Ese compromiso político es indispensable para no tener que esperar varios años que la inversión se recupere, en el caso que la nueva institucionalidad sea atractiva para la inversión. Como ya señalé, la Inversión se ha deprimido 15% este año. La situación es muy grave.
Sin este compromiso, donde la enorme mayoría de los partidos políticos debiera concurrir, la economía estará frenada y habremos de retroceder quien sabe cuántos años de progreso equivalente.