Por: Fernando López
Para apaciguar el rugido ciudadano, el presidente Piñera anunció una “agenda social” que incluye una serie de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables de la población. Subsidio al transporte público, aumento en las pensiones, menores precios de medicamentos, ingreso mínimo garantizado para trabajadores de jornada completa, seguros para enfermedades catastróficas, estabilización de precios de tarifas eléctricas, más recursos para municipalidades de menores ingresos, entre otras. Esto aumentará la presión sobre una ajustada billetera fiscal y no es claro que aborde las principales causas del descontento.
Una de las principales omisiones de esta agenda social es que carece de medidas que aborden la impunidad con que por años se han desplegado distintas formas de fraude y corrupción. Esta es una de las principales fuerzas que ha movilizado a las miles de personas que se han manifestado a lo largo del país. Los escándalos que por años han protagonizado actores del mundo político, empresarial, religioso y algunas ramas de nuestras fuerzas armadas han sido el combustible del estallido social que hemos observado en estos días. Por cierto no son todos, pero si han sido muchos quienes se han servido de su posición de poder a costa de quienes han debido servir y proteger.
El problema no es solo la desigualdad, sino la manera en que se accede al privilegio. De hecho, pocos se molestan con los sueldos de nuestros jugadores de fútbol que participan en las ligas europeas, sino que son considerados como héroes. La gente entiende que en un país en vías de desarrollo como el nuestro la torta es pequeña y no alcanza para todos, pero cuando los encargados de repartirla se quedan con más de lo que les corresponde, la comprensión se agota.
Las propuestas de disminución de las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos para la administración pública no abordan el abuso de poder, el fraude y la corrupción que han colmado la paciencia de la ciudadanía. Como decía un cartel desplegado por alumnos de la U. Adolfo Ibáñez: vivimos en un país de “cárcel para los pobres, clases de ética para los ricos”. Esto pese a que los montos involucrados y el daño a la fe pública que causan las distintas formas de corrupción son considerablemente mayores.
La benevolencia de los subsidios y los gestos de caridad que hemos presenciado no saciarán la sed de justicia de nuestra sociedad. Descontando el oportunismo de quienes tratan de sacar ventajas políticas y económicas del contexto actual, hoy se necesita que cada quien reciba lo que le corresponde. Hacerlo no requiere abrir la billetera, sino que la voluntad política de quienes verían disminuidos sus privilegios. Esto también contribuiría a fortalecer la fe pública, la confianza en las instituciones y haría más atractivo el ambiente de negocios para inversionistas extranjeros. Desafortunadamente, es más fácil abrir la billetera.